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Oralidad o derroche de arbietrariedad?

CastroOrtiz

31 octubre, 2019

Opinemos de Actualidad

Con grandes titulares los medios de comunicación llaman la atención sobre el caso de LUIS FERNANDO ANDRADE, el expresidente de la ANI, por cuenta de cuyo proceso penal resultan opacadas, en su trascendencia y efectos, las conductas, esas sí, evidentemente punibles de los más “importantes” carteles delicuenciales de Colombia –el de la construcción, el de la toga, el de la hemofilia, etc.-. Todo por cuenta de “la compleja telaraña de acusaciones” tejida por la Fiscalía General de la Nación pese a ésta reconocer que Andrade no se robó un solo peso. Lo que ignoran los influyentes medios del país y las personas ajenas a la comunidad jurídica es que el emblemático CASO ANDRADE se replica exponencialmente  dentro de las esferas judiciales de los procesos del ciudadano del común quien a diario se ve abocado a decisiones absolutamente contrarias a la lógica, a la razón, a la justicia y al derecho mismo ante la impotencia de quienes fungimos como apoderados frente a los funcionarios que han convertido a LA ORALIDAD en un verdadero derroche de arbitrariedad. Si de su viacrucis se duele ANDRADE a quien no solamente auxilia un importante grupo de colegas defensores sino que, además, por razón de su nacionalidad gringa, está asistido por dos representantes designados por la Embajada de Estados Unidos para que vigilen su caso y le informen sobre éste nada mas y nada menos que a una docena de congresistas norteamericanos y, por si fuera poco, goza del acompañamiento de importantes transmisores de comunicación de ese país qué diremos quienes, al interior de la soledad de lo mas parecido a una sala de audiencias, tenemos delante al juez o a dos o tres magistrados en sus podios cediendo o quitando la palabra con un simple “click” al micrófono, desenfundando para leerlas sus decisiones, elaboradas al amparo y serenidad de sus escritorios, y notificándolas EN ESTRADOS para que luego, “tan brevemente como el señor apoderado pueda hacerlo en aras de la brevedad”, así como el remate de las ferias, sean impugnadas y, si acaso, conceden “un minuto” de receso para que sean preparadas las respectivas argumentaciones dado que, amén de la sabionda interpretación judicial de la oralidad, el abogado siempre debe estar preparado para decantar, deglutir y controvertir lo que el fallador determine así esto sea descabellado, absurdo, impensable para cualquiera de las partes y para el mas experimentado y fecundo creador de ciencia-ficción. Curiosamente, si es el señor juez o la honorable sala los que se ven sorprendidos por la solicitud o el recurso o la interpelación –generalmente necias, claro- de alguno de los justiciables presentes en el recinto, entonces sí es de rigor decretar un receso por el tiempo suficiente para que afloren la sabiduría y el “iura novit curia” así aquel implique posponer la audiencia de acuerdo con la agenda del honorable despacho. Si hay algo que quebrante el derecho fundamental de defensa, con el bochorno y sonrojo que producen la vergüenza ajena, es escuchar a un juez, singular o colegiado, interrumpiendo, sin pudor alguno, el generoso lapso de 6, 7, 8 o hasta 20 minutos –este último en un excesivo impulso de generosidad- que se otorga al abogado para sus alegaciones, sea que este término se encuentre previsto o no en la ley según se trate de la fase previa a la sentencia de primera instancia o de recurrirla. La paradoja radica en que luego, cuando de proferir decisión de fondo se trata, se alude a que durante la correspondiente intervención que los sapientes funcionarios han impuesto que debe reducirse SIEMPRE “a lo estrictamente necesario”, “la crítica no fue contundente en cuanto al reproche” cuando la premura con que se nos insta, sonido de campana o reloj y golpe al escritorio en mano para anunciar que resta un minuto, apenas nos permite si acaso manosear los renglones de la tarea detrás de la cual hay días de incansable preparación y estudio. Ah??????? Si tales están siendo las mieles de LA ORALIDAD preferiríamos retornar al pasado del proceso escritural que, igual, para el juez, singular o colegiado, sigue siéndolo al desarrollar sus tareas cuando, donde y como le place. La estrictez del sistema oral lejos de estar significando una garantía de justicia, aunque relativamente pronta, solamente se está aplicando a las partes y a sus apoderados restringiendo al máximo el ejercicio del derecho fundamental de defensa convirtiendo en maratón las fases del debido proceso.

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