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Mi ciudad: “Ni se compra, ni se vende”

CastroOrtiz

31 octubre, 2019

Opinemos de Actualidad

Es curioso evidenciar cómo a pesar de los distintos casos vividos en otras ciudades del país, al parecer Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta mantienen vivo el deseo de promover aquellos jocosos letreros que en ocasiones cuelgan los propietarios contribuyentes indicando: “Se vende esta casa para pagar el predial, la valorización, la plusvalía, etc.”, pero la pregunta que muchos nos hacemos es, si acaso existe quién esté dispuesto a comprar en aquellos valores, que en ocasiones de forma aleatoria se asignan a las propiedades, sin contemplar la realidad socioeconómica de cada municipio.

La ley, establece que los municipios se encuentran en la obligatoriedad de actualizar el catastro, al menos cada quinquenio, por lo que, una vez actualizado deberíamos tener algunos años de tranquilidad donde únicamente se aplicara el incremento dispuesto anualmente por el Gobierno Nacional. Sin embargo, la preocupación que atañe a todos los contribuyentes recae sobre la elaboración de dichas actualizaciones, pues en ocasiones -como es el caso de Bucaramanga- la contratación se realizó de forma directa, sin consultar a las entidades profesionales y expertas del sector, a un tercero que desconocía completamente la dinámica inmobiliaria de la ciudad; y no debemos olvidar que a una situación similar se exponen los municipios aledaños, los cuales se encuentran próximos a realizar la actualización y correspondiente ajuste de la base sobre la cual se calcula el impuesto predial.

La ciudadanía debe conocer cuestiones fundamentales para estudiar cómo se encuentra establecido en cada Estatuto Tributario el recaudo, el cálculo, la tarifa y demás elementos de este impuesto; ya que habitualmente los contribuyentes se enteran del incremento con la entrega de la factura los primeros días de enero de cada año. En ese orden de ideas, es importante recordar que como electores, debemos poner en marcha la democracia y exigir nuestros derechos, para que las Alcaldías a través de los Concejos Municipales, mitiguen el impacto que este tributo genera en el bolsillo y la economía de muchos hogares santandereanos.

Por ello, es importante conocer que: 1. La ley 44 de 1990 establece que el impuesto predial no puede corresponder a un valor superior al 200% de la vigencia anterior; 2. La ley 1450 de 2011 establece que la autoridad catastral, conforme la dinámica de cada municipio, puede determinar como avalúo catastral mínimo el 60% del valor comercial; 3. Las tarifas del impuesto predial oscilan entre el 5×1000 y el 16×1000, siendo el Concejo, el encargado de determinarla; 4. La Ley 44 de 1990 establece que a través de los Concejos Municipales, se puede aplicar un descuento de hasta el 20% sobre el impuesto predial.

En este orden de ideas, preocupa ver cómo algunos municipios, sin socialización ni la participación de los gremios expertos, adelanta procesos como los mencionados, sin que se evidencie el más mínimo esfuerzo por concatenar la realidad económica con el impacto del impuesto a cobrar; hoy en Bucaramanga, por ejemplo, si usted desea vender un inmueble cuyo avalúo catastral dista del verdadero valor comercial, al momento de escriturar, usted tendrá que pagar los derechos notariales sobre el mayor valor, y la pregunta es si acaso eso es justo o equitativo para los contribuyentes.

Los municipios deben procurar apelar a las alternativas que la ley les otorga para garantizar que se brinden las facilidades de pago, los mejores descuentos, tarifas justas y avalúos profesional y técnicamente elaborados; para garantizar que no se desdibujen los principios tributarios de la equidad y la progresividad, pues en ocasiones los mandatarios locales olvidan el impacto económico que genera una situación como la que se vive en la actualidad, desacelerando la economía, restringiendo la creación de empleos, promoviendo la informalidad, y disminuyendo el nivel de confianza en los ciudadanos; pues no se trata de medir fuerzas, ni mucho menos del color de la bandera política, sino de un trabajo que debe ser mancomunado entre los dignatarios elegidos por voto popular.

Debemos ser ciudadanos críticos, participativos y vigilantes de las actuaciones que adelantan las distintas autoridades municipales y apelar a la buena voluntad y sapiencia de los Concejos Municipales para que de forma conjunta se combatan hechos como los que hoy tienen que vivir los contribuyentes de Bucaramanga, pues de continuar actuando al margen de las realidades socioeconómicas del país y de cada municipio, empezaremos a vivir en ciudades, que “Ni se compran, ni se venden”.

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