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Los comparendos están por encima del mínimo vital

CastroOrtiz

31 octubre, 2019

Los Intocables.blog

El jardinero de la historia fue a retirar los CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, SÍ, $479.559= esa suma “ridículamente alta”, como diría EL ministro, valor neto de su salario, subsidio de transporte, dominicales, festivos y horas extras de la primera QUINCENA de Septiembre de 2.018 pero no pudo hacerlo porque existía una orden de embargo de los fondos de su cuenta de ahorros –abierta en el BANCO CAJA SOCIAL, para los estrictos fines de que  le consignaran su remuneración- medida decretada por el INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ con origen en el cobro coactivo de un par de comparendos impuestos en JUNIO DE 2.014 por los cuales se expidieron las Resoluciones R115469-5492 R115469-5493 de AGOSTO DE 2.014 –de todo lo cual vino a enterarse el jardinero a través de la llamada a un teléfono que le suministraron en el Banco en el que AL FIN le contestó una funcionaria del Instituto y muy tajantemente le informó que si quería solucionar su problema fuera hasta Boyacá y pagara un poco más de dos millones de pesos y listo!-El jardinero es un migrante de Norte de Santander en cuya VEREDA RAMPACHALA, Corregimiento de Zulia, hubo de dejar a su compañera y a sus tres hijos, entre 8 y 4 años y unos pocos meses de edad a quienes, por supuesto, no pudo enviar ni una moneda. Se nos ocurrió que el mecanismo idóneo a utilizar para ayudar a nuestro prójimo era el de la ACCIÓN DE TUTELA y prestos la formulamos con tan mala fortuna que la juez que la conoció le dio más importancia a cotejar si el cobro coactivo del Instituto de Tránsito había cumplido las ritualidades legales  que AMPARAR el DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL de que se está desproveyendo a una humilde familia que era nuestra obvia pretensión; al debido proceso solamente nos referimos en cuanto el salario es embargable únicamente en la quinta parte que exceda al mínimo legal. A la empresa empleadora le rogamos que cesara el pago por consignación y lo realizara de forma directa a lo que asintió, pero nada más que por la segunda quincena de Septiembre. Al BANCO CAJA SOCIAL le señalamos que está violando el beneficio del límite de inembargabilidad establecido en la Ley 1.066 del 2.006 para la cuenta del trabajador sin que hasta el día de hoy hayan siquiera respondido. La apelación de la sentencia de tutela se encuentra en trámite ante uno de los dos juzgados de ejecución civil del circuito de Bucaramanga hasta donde hemos llevado toda clase de argumentos y pruebas en pro de que cese YA la retención quincena a quincena del fruto del trabajo de este hombre cabeza de familia que, irónicamente, está empleado con la plenitud de sus derechos mínimos e irrenunciables reconocidos pero no puede acceder ni a un solo peso para su subsistencia y la de los suyos.

Lo que nos aflige de este dramático escenario es comprobar, una vez más, la ligereza con la que se transgrede el DERECHO DE DEFENSA por el Estado cuando juega como PARTE y simultáneamente como JUEZ de los dineros que se le adeudan. Las autoridades administrativas, a mala hora en ejercicio de funciones jurisdiccionales ejecutivas, se acogen con demasiada frecuencia a su particular interpretación de las normas del Estatuto Tributario haciendo caso omiso absoluto de que éstas también se subordinan a la Constitución Nacional y de que es obligatorio acompasarlas con el Código General del Proceso. Las garantías del ciudadano comienzan con el desmedro de ser demandados en el domicilio de la entidad estatal beneficiaria de la sanción pecuniaria y de ahí en adelante súmele a los costos si osa debatir las decisiones procesales que revisten, con inusitada costumbre, el alcance casi de presunciones de derecho –“que no admiten prueba en contrario por fundarse en principios científicos incuestionables” como el tener por notificado al accionado en la dirección que aparezca en sus registros así sea, como en el caso del jardinero, que aquella no exista o que se haya trasladado, etc-. Puede alguien imaginarse al jardinero que trabaja en Bucaramanga contratando apoderado para que haga valer sus derechos –caducidad de los comparendos o prescripción de la acción ejecutiva, etc. etc.- ante el INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ o siquiera disponiendo de dinero para pagar el transporte, alojamiento y comida de ir a suplicar que le den un plazo para pagar las multas por las que a él no le cabe en la cabeza, ni a nosotros en el corazón, que no le permitan acceder a su salario, es más, siendo que no puede ni contar con el subsidio de transporte para cumplir con su jornada laboral? Pero a la funcionaria del INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ que lo atendió telefónicamente le pareció que la solución era “fácil”. ¿Y qué decir del viacrucis posterior para lograr normalizar el manejo de sus fondos en la cuenta embargada? La solución injusta, ilegal e inequitativa termina siendo, en la enorme mayoría de las veces, aceptar la liquidación que le indiquen y cancelarla porque le sale más barato si desea superar la pesadilla el sometimiento a las reglas “del proceso de cobro coactivo” institucional. Siendo el propio Estado el que conoce “como quien mejor” el origen de los recursos de una cuenta de ahorros, ¿cómo es que se embargan los que se abastecen de la cuenta de nómina de una empresa? Y, a la par, cómo es que una entidad financiera cumple la orden de embargo “sin decir ni MU” a ciencia y paciencia de las leyes que amparan, hasta cierto valor y por su naturaleza, los fondos de sus cuenta-ahorradores?  No pocas han sido las oportunidades en que ante órdenes de embargo impartidas por los jueces de la república se nos ha señalado la imposibilidad de acatarlas con base en razones que en esta ocasión han brillado por su silencio. ¿Es lícita, ya no digamos humana ni solidaria, la actuación del BANCO CAJA SOCIAL cumpliendo cual soldado la orden de su superior castrense?

Nuestra intervención ha sido por razones de humanidad, de misericordia, de solidaridad y porque tememos que la situación lleve al angustiado e impotente jardinero a decisiones lamentables  como censurables son los efectos de diligencias tan deleznables en el tejido social de la clase trabajadora.

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